Durante las declaraciones realizadas este jueves y viernes, los dos principales investigados por el asesinato, la detención ilegal y el delito contra la integridad moral aseguraron que no vivían en el inmueble de la calle de l'Església, donde se localizó el cadáver enterrado. Afirmaron que solo acudían allí a consumir drogas y negaron tener cualquier conflicto o deuda con la víctima. Uno de ellos, que dijo residir en Barcelona en 2023, defendió que permitió voluntariamente el acceso a la policía el día que se descubrió el cuerpo.
El otro acusado principal, que declaró haber vivido entre Valls y Canovelles, detalló que pasaba la noche en el bloque cuando discutía con su pareja o madre para drogarse. Negó cualquier relación de amistad con el fallecido y afirmó que solo coincidieron en el inmueble. Respecto al machete con su ADN encontrado en el edificio, dijo que lo había utilizado para pelar cables y que hacía semanas que no sabía dónde estaba.
No he utilizado el machete para agredir a nadie y nunca he atado a nadie a ninguna silla con cinta adhesiva.
Las tres personas acusadas de encubrimiento, un hombre y dos mujeres, también negaron su participación. Una de las mujeres, que denunció los hechos, se ratificó en su declaración inicial, a pesar de haber pasado de testigo a acusada. Otro acusado de encubrimiento aseguró que se enteró de la muerte de la víctima cuando ya estaba detenido, negando haber ayudado a limpiar o encubrir el crimen.
La Fiscalía solicita 33 años de prisión para los dos principales acusados (25 por asesinato, 6 por detención ilegal y 2 por integridad moral). Para los encubridores, pide penas de entre seis meses y tres años. La acusación particular, que representa al hermano de la víctima, eleva la petición hasta los 34 años. El juicio continuará con la presentación de conclusiones el próximo lunes.
