Valls refuerza el control contra vertidos ilegales en el polígono industrial con nuevas cámaras

El Ayuntamiento de Valls ha intensificado la vigilancia con tecnología avanzada y más inspecciones, abriendo 22 expedientes sancionadores en 2026.

Imagen genérica de una cámara de videovigilancia en un polígono industrial.
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Imagen genérica de una cámara de videovigilancia en un polígono industrial.

El Ayuntamiento de Valls ha presentado una campaña reforzada para combatir los vertidos ilegales en su polígono industrial, con la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia y un aumento significativo de los expedientes sancionadores desde enero de 2026.

La iniciativa, presentada el 13 de abril en la calle Fusters del polígono industrial, cuenta con la coordinación de las concejalías de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de Seguridad Ciudadana y Protección Civil. El objetivo principal es erradicar las conductas incívicas que deterioran el espacio público y generan costes económicos para la ciudadanía.
La campaña, que supera los dispositivos iniciados en el verano de 2025, se ha visto reforzada con una mayor presencia policial, más inspecciones y la incorporación de cuatro cámaras de videovigilancia. Estas cámaras son móviles, permitiendo su reubicación para cubrir de manera efectiva toda la zona industrial de Valls según las necesidades.
Para complementar la vigilancia, el Ayuntamiento también ha instalado banderolas informativas en varios puntos, advirtiendo de la zona videovigilada, informando sobre las posibles sanciones y recordando los servicios municipales disponibles para la correcta gestión de residuos.
Los resultados iniciales son notables: en solo un mes de funcionamiento, las cámaras han permitido abrir 17 expedientes sancionadores. Esta cifra eleva el total de expedientes abiertos en 2026 a 22, superando ya los 15 registrados durante todo el año 2025. Este incremento refleja la determinación municipal para endurecer el control y actuar con firmeza ante las infracciones, que pueden conllevar multas de hasta 6.000 euros según la gravedad y la reincidencia.

El objetivo principal de esta campaña es poner fin a las conductas incívicas que degradan el espacio público y generan un coste económico elevado para el conjunto de la ciudadanía.