El pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y el bloque sudamericano Mercosur (formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) es percibido como una oportunidad para determinados sectores industriales, pero representa un riesgo significativo para la agricultura y la ganadería españolas. Esta preocupación es especialmente palpable en las comarcas de Girona, donde el campo es un pilar fundamental de la economía real y la identidad territorial.
La crítica principal se centra en la disparidad de exigencias productivas. Los agricultores y ganaderos europeos deben cumplir con las normativas más estrictas del mundo en controles sanitarios, bienestar animal, limitaciones medioambientales y costes energéticos elevados. La apertura de la puerta a productos de países del Mercosur, donde estas regulaciones son mucho más laxas, crea una situación de competencia desleal.
El libre comercio solo funciona cuando las reglas del juego son comparables. Cuando no lo son, dejamos de hablar de mercado y entramos en una transferencia silenciosa de actividad económica hacia terceros países.
A pesar de la existencia de cláusulas de salvaguarda dentro del acuerdo, estos mecanismos se consideran reactivos, lentos y burocráticos. Los expertos alertan de que llegan cuando el daño económico ya está hecho, con la caída de los precios y el cierre de explotaciones. Además, se espera que los beneficios se concentren en grandes empresas exportadoras, mientras que las pérdidas afectarán a las zonas rurales que ya sufren despoblación y falta de relevo generacional.
