El ejecutivo ha establecido los importes tras negociar con el sector y el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, buscando abonar un precio justo. Estos baremos son válidos para todos los animales sacrificados desde el 3 de octubre, fecha en que se detectó el primer caso en una granja del Alt Empordà.

Las indemnizaciones se establecen a partir de criterios técnicos y productivos que valoran adecuadamente el daño sufrido por las explotaciones. La clasificación tiene en cuenta la función productiva de cada animal (leche o carne), además de la edad, la fase reproductiva, la raza y el sistema de explotación.

Se diferencian categorías como el ganado de reposición, los terneros de engorde o pasto, las vacas según el número de lactaciones y los toros reproductores, asignando a cada categoría un valor económico específico. Este sistema permite ajustar los importes al valor real de la bestia y a la pérdida productiva futura.

Aparte del sacrificio obligatorio, el Govern tiene previsto convocar pronto una nueva orden de ayudas dirigida a la recuperación del potencial productivo de las explotaciones afectadas. Esta ayuda contemplará, entre otras actuaciones, el pago de la destrucción del pienso y la repoblación.

El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ya anunció que las restricciones derivadas de la DNC se levantarán en Cassà de la Selva el 26 de diciembre, y el foco en Castelló d'Empúries se dará por finalizado el 8 de enero. Esto permitirá reanudar los movimientos de animales una vez transcurridos 45 días desde la última desinfección.