La acción en el Ayuntamiento de Figueres se enmarca en la estrategia de Junts para marcar perfil en la política migratoria, mientras la dirección del partido, liderada por Míriam Nogueras en el Congreso de los Diputados, insiste en reclamar el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat de Catalunya.
Irresponsable y con graves consecuencias económicas y sociales.
El alcalde de Figueres, Jordi Masquef, critica abiertamente la regularización por considerarla un “cheque en blanco” que impacta en “asuntos tan cruciales como la lengua y la cultura”. La moción, aprobada en el pleno de este jueves, defiende que los flujos migratorios deben ser “legales, ordenados, sostenibles y vinculados a las necesidades reales de Catalunya”.
“"Los miedos acerca del proceso de regularización forman parte de muchos prejuicios que están sobre la mesa, en un entorno donde el discurso del odio genera mucho miedo."
En Girona, donde Junts forma parte del pacto de gobierno con la CUP, la teniente de alcalde Gemma Geis ha exigido diez años de empadronamiento para poder acceder a la promoción de cincuenta pisos de alquiler social para jóvenes. Esta idea de endurecer el acceso a la vivienda protegida mediante el padrón ya ha sido difundida por otros alcaldes de Junts, como los de Sant Cugat del Vallès o Vic.
