La cámara catalana ha dado luz verde a una normativa que busca poner fin a la presencia de este material cancerígeno, considerado una "pandemia silenciosa" por especialistas como el doctor Josep Tarrés. La ley integra la reparación de los afectados, la prevención de nuevos casos y la eliminación progresiva del amianto, un material vinculado a más de 100.000 muertes anuales a nivel mundial según la OMS.
La iniciativa legislativa, que comenzó a gestarse durante la presidencia de Pere Aragonès, prevé la creación de un censo catalán de amianto y establece sanciones de hasta 100.000 euros para los propietarios que incumplan las órdenes de retirada. La ley superó el debate a la totalidad en marzo de 2025 sin enmiendas de retorno.
“"Para impulsar esta ley harán falta recursos económicos muy importantes"
Desde la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de las entidades impulsoras, se reclama una inversión decidida para retirar las cerca de tres millones de toneladas de amianto repartidas por Cataluña. El portavoz de la comisión contra el amianto, Joan Maria Soler, insiste en la necesidad de recursos para garantizar una retirada "en condiciones seguras".
El deterioro del material hace que la población esté cada vez más expuesta. El doctor Tarrés alerta que "toda la población está expuesta" y que el amianto contaminante es ahora "todo" y no solo "focos localizados". Muchas edificaciones antiguas todavía contienen este material que ha superado su vida útil, liberando partículas peligrosas.
Los extrabajadores de la planta de Macosa-Alstom en Barcelona fueron pioneros en la denuncia colectiva. Una cuarentena de ellos han muerto por haber respirado amianto, utilizado como "mascarilla" en la fábrica a pesar de que la OMS lo declaró cancerígeno en 1977 y no se prohibió en España hasta 2002. En 2017 recogieron más de 10.000 firmas que ahora cristalizan en esta ley, aunque lamentan el "carísimo" precio pagado en vidas humanas.
