La protesta, convocada por el Grup en Defensa de la Gola del Fluvià, tuvo lugar en la desembocadura del Fluvià, donde los manifestantes reclamaron el cierre del complejo Port Natura. Este espacio, además del aparcamiento de caravanas, ofrece alquiler de kayaks y motos de agua, e incluso ha instalado un bar durante la temporada de verano, actividades que, según los vecinos, se realizan sin los permisos necesarios.
“"Este ámbito ha quedado muy dañado. No se pagan basuras, no sabemos dónde van las aguas grises de las autocaravanas ni sus residuos."
La portavoz del Grup Gola, Catalina Victory, subrayó que el 48% de estos terrenos son de propiedad pública, perteneciendo a la Generalitat y al Ayuntamiento de Sant Pere Pescador, y acusó al propietario de "privatizar" esta parte de dominio público. Victory recordó que la Generalitat dictó un decreto de clausura y una resolución sancionadora en 2023, pero estas medidas no se están ejecutando.
Por su parte, el alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, calificó la situación de "compleja" y explicó que el consistorio ha abierto expedientes sancionadores y ha precintado las instalaciones. Sin embargo, el propietario habría incumplido estas medidas y el caso se encuentra actualmente judicializado. Badosa añadió que la redefinición del espacio como dominio público marítimo-terrestre traslada las competencias al Estado, que debería hacer cumplir la ley de costas.
El propietario del terreno, Víctor Latorre, defendió que su propiedad es "100% privada" y negó la existencia de ningún camino público en la zona. Latorre aseguró que el espacio funciona exclusivamente como aparcamiento vinculado al puerto e insistió en que "no hay ningún camping ni servicios asociados".
