La delegación, formada por Bosc Verd y Revolta Pagesa, entre otros, ha recordado que 16 ayuntamientos de la zona rechazan la ampliación del uso de combustibles derivados de residuos hasta el 80%. Esta medida supondría quemar 295.000 toneladas anuales de materiales como lodos de depuradora y maderas tratadas.
Los afectados exigen que, si la Generalitat aprueba la resolución, los entes institucionales presenten recursos contenciosos para evitar el inicio de la actividad. Critican que el modelo actual de Catalunya solo recicla el 47,1% de los residuos, incumpliendo el objetivo europeo del 55% fijado para 2024.
La ciencia y la medicina alertan desde hace años de que la incineración de residuos aumenta los índices de contaminantes peligrosos.
El Colegio de Médicos de Catalunya ha señalado la contaminación del aire como un problema grave de salud pública. Por ello, los vecinos piden que la nueva legislación catalana prohíba la incineración en cementeras, alegando que estas plantas carecen de las garantías sanitarias necesarias.
