Todo comenzó el martes por la noche, cuando un tren de la R4 descarriló en Gelida (Alt Penedès) tras chocar contra un muro de contención desprendido por el temporal de lluvias. El accidente causó la muerte de un maquinista en prácticas y 37 heridos, incluyendo al conductor y otros maquinistas en formación.
Este suceso, que tuvo lugar solo dos días después de otro accidente mortal de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), provocó que los maquinistas se plantaran exigiendo garantías de seguridad. El sindicato mayoritario, el SEMAF, ha convocado una huelga general en todo el Estado del 9 al 11 de febrero.
Tras días de cortes, reanudación parcial y un nuevo desprendimiento en la R1 entre Blanes y Maçanet el viernes, el Govern ordenó la suspensión total del servicio el sábado al mediodía. La consejera de Territori, Sílvia Paneque, confirmó el domingo que se han detectado 21 puntos críticos que requieren actuaciones urgentes.
“"Tenemos que correr lo que no se ha caminado en los últimos años."
La consejera atribuyó el estado de la red a “años de desinversión en infraestructuras”, que la han dejado “envejecida y no adaptada al 2026”. El Gobierno catalán ha priorizado actuaciones urgentes en puntos como el colector de Badalona y las trincheras del Garraf, y ha ordenado a Renfe la gratuidad del servicio cuando se reanude de forma fiable.
