La Unión Europea, mediante la Directiva 2008, marcó un giro radical en la gestión de los residuos, buscando transformar el modelo de economía lineal basado en producir, consumir y desechar. Este modelo agota los recursos naturales y degrada el medio ambiente. La alternativa es la economía circular, fundamentada en tres principios clave: reducir, reutilizar y reciclar.

El objetivo final de esta transformación es minimizar drásticamente la generación de residuos, estableciendo objetivos vinculantes para los países de la UE, como pasar a un 65% de reciclaje en 2035. En España, la directiva se materializa a través de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que obliga a los municipios de más de 5.000 habitantes a establecer una tasa que cubra el coste real del servicio.

El principio rector de la tasa es que «quien más residuos genera y menos recicla, más paga». Sin embargo, muchos ayuntamientos se han limitado a crear la tasa sin cumplir los requisitos que su establecimiento conlleva: justificar adecuadamente los costes, mejorar los servicios de recogida y tratamiento e incentivar efectivamente el reciclaje entre la ciudadanía.

Esta situación ha dejado al descubierto el lamentable papel desempeñado por la Federació de Municipis de Catalunya y la Generalitat, incapaces de establecer directrices coherentes. La disparidad de criterios y el distinto tratamiento de la tasa —imputada dentro de recibos como el IBI o el agua— ofrece un panorama caótico e incomprensible para los ciudadanos.

Resulta pertinente plantear cuestiones clave que exigen respuestas: ¿Ha sido justificada la tasa con informes públicos que demuestren la mejora en la gestión ambiental? ¿Se ha descontado la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para evitar el doble pago? Y, finalmente, ¿se ha personalizado el coste aplicando el principio de «quien más contamina, más paga» con bonificaciones e incentivos reales?