Tras seis meses de investigación, la Policía y el Departamento de Inmigración han efectuado un total de 1.535 controles. Estas inspecciones han permitido identificar a personas que figuraban como residentes en el Principado pero que realmente vivían en la Seu d'Urgell u otros municipios del Alt Urgell.
“"El operativo ha servido para indagar cuál es la afectación de estas prácticas y actuar de forma correspondiente con la normativa."
De los casos detectados, 39 personas ya han recibido la resolución administrativa que conlleva la pérdida inmediata del permiso de residencia y trabajo. El Gobierno destaca que la tasa de infracción es solo del 3%.
