La trama, que cuenta con 17 investigados, incluye figuras como el notario Enrique Peña y el abogado de Cardona, Francisco Comitre. Según la fiscalía, el grupo se aprovechaba de personas vulnerables para hacerles firmar la venta de sus propiedades por precios irrisorios bajo la apariencia de créditos personales.
“"Pensé que me quedaba sin techo donde vivir. No leí el documento porque te fías del notario: le pagas para que él te dé seguridad."
Entre los cabecillas de la organización destaca Artur Segarra. El ministerio público solicita penas que superan los 20 años de cárcel, aunque se negocia un acuerdo para reducir las condenas a cambio de la anulación de las operaciones fraudulentas y el retorno de las viviendas a las 128 familias afectadas.
