Estas deudas, que suman exactamente 126.895 euros, debían ser abonadas por la Diputación de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) a lo largo de más de una década. La decisión implica que el consistorio asume la imposibilidad de recuperar estos fondos.
La baja de la contabilidad de los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, integrados en la agrupación de presupuestos cerrados por importe total de 126.895 euros.
El dictamen aprobado explica que esta medida es necesaria para la correcta contabilización de los actos administrativos con repercusión financiera. La Intervención municipal debe velar para que las cuentas reflejen de la manera más real posible la situación económica y patrimonial de la corporación.
Esta depuración de derechos reconocidos y obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados debe realizarse de forma periódica. Durante los últimos meses, se ha llevado a cabo una revisión exhaustiva de la contabilidad para depurar los saldos cuando existe “la evidencia de no llegar a ser ingresados”.
