Miembros de la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC) irrumpieron en las oficinas de las inmobiliarias Solvia e Intrum (gestoras del fondo Cerberus) para exigir la paralización de los desalojos en el Bloque 8 de Manresa y de otras 50 familias de la COSHAC en riesgo. Paralelamente, en una rueda de prensa en el Parlamento, las entidades reclamaron al Ayuntamiento de Manresa que expropie “inmediatamente” el edificio.
La portavoz de la COSHAC, Marta Espriu, señaló que el edificio, ocupado desde el 2021, estaba “vacío y abandonado” antes de ser recuperado por Cerberus, el fondo norteamericano considerado el mayor propietario de vivienda en Cataluña. Las entidades también reclamaron la regularización de la situación con alquileres adaptados a las realidades y la ampliación del parque público.
“"Calificamos a los fondos buitre de criminales, por estarse enriqueciendo a costa de las vidas de las familias vulnerables."
El posible desalojo del Bloque 8, donde viven seis familias con ocho menores, está fijado para el 9 de febrero a las 8 horas. Un intento anterior, el 14 de enero, ya fue detenido por unas sesenta personas convocadas por la PAHC del Bages, obligando a la comitiva judicial a aplazar la acción sine die.
La PAHC Bages también alertó de un endurecimiento en la actuación de los juzgados y de los cuerpos policiales en los procesos de desalojo en Manresa, lo que se traduce en una “mayor agresividad” hacia las familias vulnerables y en expulsiones sin alternativas habitacionales.
“"En lugar de garantizar una solución, nos encontramos unos juzgados y una policía mucho más agresivos, que disciplinan a las familias afectadas."
