Tras numerosos aplazamientos, el caso Innova llega finalmente a la fase de juicio. Este lunes se llevarán a cabo las cuestiones previas, un paso crucial antes de entrar en el fondo del asunto. La causa, que ha visto reducido su volumen con el archivo de diversas piezas separadas, se centrará ahora en la pieza principal y la número 2, relacionada con facturas presuntamente injustificadas vinculadas a las obras del Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Paralelamente, se están negociando posibles acuerdos de conformidad entre las partes implicadas. La configuración definitiva del procedimiento se perfilará a partir de esta sesión inicial, donde se plantearán las cuestiones previas para asegurar que la tramitación se ha ajustado a derecho. El juicio, que ya tuvo que suspenderse en mayo de 2024 por problemas de salud de una de las personas procesadas, tiene previsto iniciarse el día 26 de noviembre si no se llega a acuerdos previos.

El Ministerio Fiscal solicita penas de entre siete y diez años de prisión para los ocho encausados de la pieza principal. Esta investiga el pago de facturas por un valor superior al millón de euros a un arquitecto y a un exdirector del CatSalut. Según el escrito de acusación, ambos habrían acordado con el entonces alcalde de Reus y una persona de la Conselleria de Salut que Innova los contratara como asesores para el proyecto del Hospital Sant Joan.

La fiscalía sostiene que Innova abonó más de 720.000 euros a uno de los implicados entre 2007 y 2011 por supuestos trabajos de consultoría estratégica, canalizados a través de una empresa creada poco después de su cese en el CatSalut. Otro implicado, un arquitecto, fue contratado por Innova en junio de 2007 para asesoramiento técnico en la construcción del hospital por 387.000 euros, a los que se añadirían 8.900 euros en gastos de desplazamiento. Este arquitecto habría creado una sociedad en 2008 y, según la fiscal, habría presionado para que otra empresa lo contratara para las obras, percibiendo un total de 186.400 euros adicionales.

La principal incógnita ahora es si el juicio se celebrará íntegramente o si se cerrará antes con acuerdos de conformidad. Fuentes cercanas al caso indican que una parte significativa de los acusados vería con buenos ojos esta opción, dada la larga instrucción y los reiterados aplazamientos. Este escenario se ve favorecido por la existencia de dilaciones indebidas muy cualificadas, una circunstancia atenuante que podría comportar una reducción de la pena.