El espacio protegido, que incluye 38.900 hectáreas repartidas entre 22 municipios del Alt Camp, el Baix Camp, les Garrigues, la Conca de Barberà y el Priorat, tiene como objetivos principales la conservación de los valores paisajísticos, el fomento del sector primario, la adaptación al cambio climático y la fijación de población rural.

Los municipios afectados son Prades, Capafonts, la Febró, Arbolí, l'Albiol, la Selva del Camp, l'Aleixar, Vilaplana y Alforja (Baix Camp); Mont-ral, la Riba y Alcover (Alt Camp); la Pobla de Cérvoles y el Vilosell (les Garrigues); Vallclara, Vimbodí i Poblet, Vilanova de Prades, l'Espluga de Francolí, Montblanc y Vilaverd (la Conca de Barberà); y Cornudella de Montsant y Ulldemolins (el Priorat).

La definición de los límites del parque se ha basado en criterios de representatividad de hábitats, coherencia geográfica y conectividad ecológica. El decreto también declara nuevas reservas naturales parciales y amplía una existente, integrando espacios ya protegidos como el Paraje Natural de Interés Nacional de Poblet y zonas de la red Natura 2000.

Se establecen prohibiciones para la protección del espacio, como la extracción de recursos geológicos no activa, la construcción de campings, aparcamientos permanentes de caravanas, campos de golf, centros de vertido de residuos o ganadería intensiva. También se limita la instalación de líneas eléctricas de más de 30 kV y se permiten plantas de energía renovable con potencias y superficies máximas definidas.

La gestión del parque reforzará la presencia de los ayuntamientos y agentes del territorio en la Junta Rectora, con representantes de la Generalitat, entes locales, diputaciones y entidades vinculadas al parque. Se creará también la Asamblea de Alcaldías y el Consejo Científico para colaborar en la gestión.