El acuerdo, firmado en el Palau de la Generalitat, prevé una inversión global de 2.500 millones de euros en políticas de vivienda durante la legislatura. Entre las medidas destacadas, se impulsará una nueva ley para reconvertir oficinas vacías en Vivienda de Protección Oficial (VPO) y se creará una dirección general específica para la disciplina en este ámbito.

En cuanto a las Terres de l'Ebre, el pacto recoge compromisos territoriales relevantes. Se ha acordado valorar el adelanto del estudio de viabilidad del tren-tram para finalizarlo en 2028 y destinar 300.000 euros a la reforma del aparcamiento y la plaza Alfons XII de Tortosa. Además, se mantiene el compromiso de garantizar el acceso al agua potable en Corbera d'Ebre e impulsar el polígono industrial de Bot.

El documento también pone el foco en la lucha contra la pobreza energética con la creación de un Fondo de Atención Solidaria y el refuerzo de la atención a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, se prevé la creación de una Comisaría General de Prevención y Denuncia de las Violencias machistas antes de mediados de 2027.