La investigación se centra en contratos de compraventa que no llegaron a término. Los documentos estipulaban que, si se denegaba la hipoteca, la empresa debía devolver el dinero adelantado. Sin embargo, los afectados denuncian que, tras acreditar la falta de financiación, la inmobiliaria ha retenido los fondos sin dar explicaciones.

Aunque la oficina física en Tortosa permanece cerrada y los responsables no responden a las reclamaciones, la actividad comercial continúa en internet. En diversos portales inmobiliarios siguen apareciendo anuncios de la empresa con propiedades valoradas en más de 100.000 euros, lo que ha incrementado la preocupación de los denunciantes.

Hasta el momento se han formalizado cuatro denuncias ante la policía autonómica en el Baix Ebre. Por su parte, la vía administrativa ha iniciado un expediente sancionador después de que el proceso de mediación fracasara por la falta de cooperación de la entidad investigada.