Tras la negativa del alto tribunal a admitir los recursos de asociaciones que defendían el monolito, la formación considera que ya no existen impedimentos para que el juzgado levante las medidas cautelares. El texto registrado en el Parlament cuestiona qué departamento se hará cargo de los costes y cuándo se licitarán las obras de desmantelamiento.
“"La retirada de este monumento no es solo una cuestión administrativa o urbanística, sino también un acto de memoria democrática."
El debate sobre el vestigio de la dictadura en el río Ebro sigue vivo, con la Comisión por la retirada de los símbolos franquistas presionando para actuar de inmediato, mientras que el colectivo COREMBE busca nuevas estrategias jurídicas para mantener la estructura en su ubicación actual.
