El alcalde, que inicialmente figuraba como investigado pese a que el propio Ayuntamiento de Camarles presentó la querella, ha sido citado finalmente como testigo. La investigación se centra en un presunto fraude de 700.000 euros detectado por la Diputación de Tarragona.

Tras las declaraciones de este febrero, la causa mantiene como únicos investigados a la secretaria interventora y al antiguo tesorero municipal. Se les imputan delitos de malversación y falsedad documental por facturas cobradas indebidamente mediante cheques al portador.

El tesorero ha reconocido parte de las operaciones irregulares, mientras que la interventora ha defendido que los importes cobrados se ajustaban a la normativa vigente y eran conocidos por los miembros del consistorio.