Esta cifra representa el dato más elevado desde 2019 y el segundo más alto en los diez años de historia del servicio. La entidad llevó 53 casos a la justicia durante 2025, de los cuales cinco eran nuevos y el resto procedían de años anteriores. De estos, 21 casos (un 39,6%) presentaban un componente de racismo, dos de discriminación LGTBI-fóbica y uno de discriminación por razón de género.
“"La entidad pide a las autoridades públicas el fin de las identificaciones por perfil étnico y un mayor control de las actuaciones de funcionarios respecto de la ciudadanía."
Un total de 94 de las personas que se dirigieron al servicio habían sufrido violencia institucional por parte de agentes de cuerpos policiales, funcionarios de prisiones y agentes de seguridad privada. La mitad de estas recibieron asesoramiento jurídico y psicosocial por parte de Irídia. El 68% de los atendidos eran hombres y el 25% mujeres. De los 47 casos con seguimiento, 25 corresponden a actuaciones policiales o de seguridad privada en el espacio público, 9 en protestas, 4 en domicilios privados, 3 bajo custodia policial, 3 en el CIE, 2 en prisión y uno en otro contexto.
En cuanto a la respuesta institucional, en 28 casos no se llevó a cabo ninguna investigación policial interna. De los 19 casos en que se activaron los mecanismos internos, 12 fueron a requerimiento judicial. Solo en tres ocasiones el propio cuerpo policial identificó al autor de los hechos denunciados. La fiscalía permaneció inactiva en 21 casos, se opuso a la investigación en 19 y tuvo un papel proactivo en la investigación o acusación en 13.
En 36 de los 53 casos (67,9%), la causa fue archivada en algún momento, tramitada como delito leve (5) o no se admitió la querella sin haber practicado todas las diligencias de investigación necesarias (9). En 24 de los 36 casos archivados, instancias superiores revisaron la decisión y ordenaron al juzgado de instrucción investigarlos debidamente.
Actualmente, 41 procedimientos continúan en fase de instrucción o pendientes de juicio. Cinco de estos se iniciaron hace siete u ocho años, diez hace cinco o seis años, y diez más hace tres o cuatro años. La duración media de la instrucción es de 3,29 años, superando el año previsto legalmente. De los 110 encausados, 34 son policías españoles, 31 Mossos d'Esquadra, 19 vigilantes de seguridad privada, 6 funcionarios de prisiones y 20 policías locales (8 de Cornellà de Llobregat, 5 de Barcelona, 4 de Sabadell, 2 de Sant Boi de Llobregat y uno de la Bisbal d'Empordà). Según la situación procesal, 50 policías, vigilantes y funcionarios de prisiones están investigados, 33 ya han sido acusados o están en trámite de acusación, 8 han sido condenados y 19 policías nacionales han sido amnistiados por la Audiencia de Barcelona, aunque están pendientes de un recurso ante el Tribunal Supremo.
Los delitos imputados a los encausados incluyen 36 por torturas o delitos contra la integridad moral, 30 por lesiones graves o menos graves, 11 por lesiones leves, 6 por detención ilegal, 4 por amenazas o coacciones, 4 por falsedad, 3 por delitos contra los derechos fundamentales, 2 por omisión del deber de socorro y uno por revelación de secretos. La mayoría de los litigios se tramitan por más de un delito.
