Una caravana de tractores, convocada por el sindicato agrario Unió de Pagesos, recorrió el martes 16 de diciembre de 2025 el trayecto entre Sant Boi de Llobregat y la Plaça Sant Jaume de Barcelona. La protesta se centró en el rechazo a la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Delta del Llobregat, una medida impulsada por la Generalitat de Catalunya que, según el sector, cercenará la actividad en el Parc Agrari del Baix Llobregat.
La marcha lenta, que partió a las 10:00 horas, circuló por la autovía de Castelldefels (C-31), la Granvia de L'Hospitalet, la Gran Vía barcelonesa y la Plaça Catalunya, causando importantes retenciones de tráfico. Los organizadores cifraron la participación en torno a medio centenar de tractores. La columna principal se quedó estacionada en Via Laietana, mientras que un único tractor simbólico depositó frutas y verduras frente al Palau de la Generalitat como denuncia.
“"El plan de gestión de la reserva natural del Delta del Llobregat que impulsa la Generalitat a instancias de la Unión Europea no tiene en cuenta la opinión de la payesía."
Unió de Pagesos señala que la ampliación de la ZEPA fue inicialmente una medida compensatoria por la expansión del Aeropuerto de El Prat, pero sus límites fueron extendidos hace dos años por el último Govern de ERC a pesar del rechazo del Parlament. La medida afectará cientos de hectáreas de suelo agrario productivo, impidiendo la instalación de nuevos invernaderos, la tecnificación de los sistemas de regadío o las tareas de mantenimiento durante las épocas de nidificación.
“"Queremos plantar, cosechar y que nos dejen tranquilos."
Esta movilización se enmarca en una oleada de protestas del sector agrario catalán por las limitaciones impuestas por las ZEPA. Por su parte, fuentes de la Conselleria d’Agricultura del Govern han recordado que la administración ha aceptado negociar y ha acordado un paquete de ayudas de unos siete millones de euros para compensar a los agricultores afectados. Sin embargo, los sindicatos consideran estas ayudas insuficientes y exigen “garantías reales” para poder continuar con la actividad productiva.




