La Marea Pensionista reitera la demanda de un nuevo hospital público en Can Rigal

El colectivo critica que el Hospital General está obsoleto y que los centros de referencia actuales, como el de Bellvitge, están saturados.

Vista genérica de un hospital moderno con ventanas de cristal y sin personas.
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Vista genérica de un hospital moderno con ventanas de cristal y sin personas.

Una cincuentena de miembros de la Marea Pensionista de L'Hospitalet y poblaciones vecinas marcharon desde la plaza de la Bòbila hasta el Hospital General para exigir la construcción de un nuevo centro sanitario en Can Rigal, un compromiso pendiente desde hace 20 años.

La protesta, llevada a cabo el 17 de diciembre, tenía como objetivo recordar a la Generalitat y al Ayuntamiento de L'Hospitalet que deben ejecutar el proyecto hospitalario prometido en el área de Can Rigal. Según los manifestantes, el Hospital General, gestionado por el Consorci Sanitari Integral, ha quedado obsoleto.
El portavoz de la entidad, Miguel Ángel Silva, señaló que la obsolescencia del hospital obliga a los residentes a desplazarse a centros como el Moisès Broggi de Sant Joan Despí, que también sufre saturación. Además, advirtieron que el Hospital de Bellvitge no puede absorber la población del norte de la ciudad sin una ampliación masiva de instalaciones y plantilla.

"El hospital de Bellvitge también está saturado, porque aparte de atender a 150.000 de la zona Sur de L'Hospitalet también tiene que atender a otras poblaciones del Baix Llobregat, así que añadir los 150.000 habitantes de la zona Norte no es una solución."

Miguel Ángel Silva · Portavoz de Marea Pensionista
La Marea Pensionista también expresó su escepticismo respecto al complejo que el Hospital Clínic ha proyectado en la franja de la Diagonal, en el umbral con L'Hospitalet. Consideran que este proyecto solo descongestionará el hospital de Barcelona y no resolverá las necesidades locales, además de cuestionar si su modelo de gestión será plenamente público.
Finalmente, el colectivo reiteró su demanda de derogar la ley estatal 15/97, que permitió la gestión de servicios sanitarios a través de empresas privadas y consorcios mixtos, con el objetivo de asegurar una sanidad 100% pública.