Desde la llegada de un nuevo titular en octubre de 2018, el ambiente laboral en el Registro de la Propiedad de Calafell se ha deteriorado progresivamente, culminando en una batalla judicial. Esta situación se produce en un contexto de incremento de la actividad inmobiliaria en la zona, que había experimentado un crecimiento significativo después de la crisis.
Dos empleadas ya abandonaron sus puestos de trabajo por bajas de estrés, una de las cuales logró un despido improcedente. Actualmente, cinco de las trabajadoras restantes se encuentran de baja médica tras denunciar un ambiente laboral insostenible al Colegio de Registradores de Cataluña en el año 2023.
El titular del registro respondió a las acusaciones con una querella por calumnias, injurias y coacciones el pasado marzo, reclamando 60.000 euros. Las trabajadoras, por su parte, han presentado una demanda laboral por acoso y exigen una indemnización de 60.000 euros cada una, además del cese de las conductas lesivas.
“"Hemos intervenido entre ambas partes hasta que las denuncias llegaron a los tribunales, momento en que ya no tuvimos más margen para actuar. Estamos esperando a ver qué ocurre."
El conflicto se inició en enero de 2019, pocos meses después de la incorporación del titular, cuando este expresó su intención de ampliar el horario laboral. Según la demanda de las empleadas, un intento de reconducir la situación terminó con una de las trabajadoras siendo expulsada del despacho a gritos. A partir de entonces, comenzaron las bajas por ansiedad y estrés.
Las trabajadoras describen un clima de trabajo
muy tóxico
, con un patrón de comportamiento imprevisible y hostil por parte del titular, que incluía
estallidos de ira
y un
clima de miedo e inseguridad
. La demanda laboral hace referencia a conductas que se ajustan al acoso psicológico o mobbing.
El titular, por su parte, niega los hechos y argumenta que la falta de denuncias previas ante la Inspección de Trabajo u otros organismos, así como los resultados positivos de encuestas de clima laboral, demuestran que las acusaciones buscan
menoscabar
su reputación y
presionar
para obtener mejores condiciones económicas y laborales. La singular organización de los registros, donde el titular contrata y paga a sus empleados con una parte variable de los ingresos, añade complejidad a la situación, ya que las trabajadoras han visto reducidos drásticamente sus ingresos mientras están de baja.
