El debate sobre el futuro de Cunit continúa después de que su alcalde, Jaume Casañas, expresara la intención de abandonar la provincia de Tarragona para integrarse en la de Barcelona. La presidenta defendió el trabajo realizado en el Baix Penedès, asegurando que se invierten recursos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Llauradó puso como ejemplo de colaboración la mesa de trabajo establecida para abordar la problemática de la movilidad, dudando que la Diputación de Barcelona ofreciera un mecanismo similar. También entendió la sensación de falta de inversión, pero atribuyó la responsabilidad a las grandes administraciones, como la Generalitat y el Estado, y no al organismo supramunicipal tarraconense.

La presidenta comparó los presupuestos, señalando que el de Tarragona es de unos 200 millones de euros, mientras que el de Barcelona asciende a mil millones de euros. Pese a la diferencia, destacó que su función es actuar como “lobby” para el territorio.

Finalmente, sobre la propuesta de consulta, la presidenta se mostró tajantemente a favor de que los cerca de 16.000 habitantes de Cunit decidan su futuro mediante un referéndum, reiterando su postura de “siempre a favor de votar”.