El consistorio de Badalona finalizó el miércoles el realojo de las personas que provenían del antiguo Instituto B9 y que se habían instalado bajo el puente de la autopista, a pocos metros de allí. Ahora, el objetivo es actuar contra la veintena de personas sin hogar que permanecen, muchas de las cuales han llegado de otras ciudades.
Se habría producido un 'efecto llamada', después de que este lugar fuera el sitio donde las entidades sociales centralizaban la ayuda al sinhogarismo tras el caso B9.
La administración local apela a la ordenanza de civismo, que prohíbe expresamente "acampar sin autorización municipal", el mismo motivo que se esgrimió para desalojar a los primeros ocupantes del B9 de la plaza adyacente al desalojo de mediados de diciembre.
La petición de permiso a la Generalitat es necesaria porque los terrenos afectados son de dominio de la autopista C-31 y, por lo tanto, la administración catalana es la titular. Este movimiento llega tras la fuerte presión vecinal, especialmente en el barrio de Sant Roc, donde el martes se cortó la C-31 para denunciar la situación.
