La investigación se centra en varios delitos, entre ellos el de odio y discriminación, relacionados con el macrodesalojo que tuvo lugar el pasado 17 de diciembre y que dejó en la calle a unos 400 migrantes, en su mayoría subsaharianos.
El escrito presentado por el eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía, señala cuatro posibles ilícitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.
La resolución judicial que permitió realizar el desalojo lo condicionaba a que se garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sin techo.
Asens alegaba en su denuncia que la resolución judicial que autorizaba el desalojo del 17 de diciembre estaba condicionada a la obligación de garantizar una alternativa habitacional a las personas afectadas, de acuerdo con el protocolo municipal para personas sin techo.
