La demanda se dirige contra el acuerdo de la Comisión de gobierno del consistorio y el convenio establecido con el Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Apartur asegura que el objetivo real del convenio es "fomentar la prohibición" de actividades económicas, lo que consideran una vulneración de los principios de seguridad jurídica.
La asociación denuncia que la información pública inicial solo presentaba el acuerdo como un mecanismo para "informar y orientar a las comunidades de propietarios" sobre normas de convivencia. Sin embargo, al acceder al expediente administrativo, descubrieron que el "contenido real" era apoyar a las comunidades para incluir en sus estatutos la prohibición de la instalación de actividades económicas, incluida la turística.
“"El convenio incentiva que administradores de fincas y profesionales jurídicos asesoren a las comunidades con un único sentido, ya que solo reciben la subvención si la comunidad adopta acuerdos restrictivos."
Apartur reclama a los tribunales que declaren la nulidad del convenio, argumentando que excede el propósito anunciado y promueve una actuación que afecta de forma sustancial derechos adquiridos y actividades económicas regladas. Esta acción judicial abre una nueva disputa legal sobre la regulación de las viviendas de uso turístico en la capital catalana.
