El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha leído una declaración institucional para valorar el rechazo en el Congreso de los Diputados de los dos Decretos Ley en materia de vivienda. Collboni ha señalado que la no aprobación de estos decretos tiene un "efecto directo" sobre los ciudadanos de Barcelona y sobre las políticas municipales de fomento del derecho a la vivienda.
Según el alcalde, se ha perdido una oportunidad "para continuar cambiando las reglas del juego en materia de vivienda", "garantizar el derecho de los vecinos y vecinas a quedarse en sus barrios" y "generar un escudo social para hacer frente a la especulación y a la subida continua e injustificada de los precios". Ha recordado que en los últimos años se ha duplicado la construcción de vivienda protegida y se han reforzado las políticas de rehabilitación.
Collboni ha destacado que los decretos rechazados "ponían límites claros a aquellos que quieren comprar edificios para hacer negocio". Ha recordado que la regulación ya existente ha permitido reducir las compraventas de fincas enteras en un 32% y desincentivar las compras especulativas. El anuncio de la desaparición de los pisos turísticos en 2028, que devolverá cerca de 10.000 viviendas al uso residencial, refuerza este cambio de marco. Aun así, ha admitido que los vecinos de barrios como el Eixample, Ciutat Vella o Gràcia viven con el temor de que fondos especuladores compren sus casas.
En segundo lugar, el alcalde ha subrayado que los decretos "frenaban una de las caras más cruentas de la crisis de la vivienda: los desahucios que afectan a las personas más vulnerables". Ha apuntado que durante los dos días de vigencia de uno de los decretos, ya se habían detenido dos desahucios en Barcelona.
En tercer lugar, ha mencionado que los decretos dotaban de una "nueva herramienta" para hacer frente a los pisos turísticos. Si se hubieran aprobado, se habría podido iniciar el proceso para aprobar una subida de hasta el 150% del IBI de los pisos turísticos, una medida que habría permitido recaudar aproximadamente 7 millones de euros anuales destinados a la promoción de vivienda protegida.
El alcalde ha concluido que los grupos parlamentarios tenían "una elección clara: estar con la gente o estar con los especuladores" y que quienes han votado en contra "tendrán que explicar por qué eligen no proteger a las personas vulnerables frente a los desahucios y no avanzar en la lucha contra la especulación".
Finalmente, Collboni ha enviado un mensaje a la ciudadanía de Barcelona asegurando que el gobierno municipal seguirá protegiendo el derecho de los vecinos a quedarse en sus barrios. Ha reiterado el compromiso de mantener la aplicación de la Ley de vivienda y la declaración de zona de mercado residencial tensionado, así como el objetivo de eliminar todos los pisos turísticos en 2028, para garantizar que "las viviendas deben ser para vivir, no para hacer negocio".
