La polémica rodea los edificios adquiridos por el fondo Vandor en varios distritos de Barcelona, donde los vecinos denuncian que las obras para convertir pisos vacíos en 'colivings' se realizan a menudo sin la licencia adecuada. Esta práctica, alertan, tiene el objetivo de evitar que las intervenciones sean consideradas "grandes rehabilitaciones", lo que obligaría a reservar el 30% de la superficie para vivienda protegida. La arquitecta y residente Patricia Rodríguez, de la calle Concòrdia, detuvo temporalmente obras en ocho casas donde solo se habían solicitado tres licencias.
El abogado Jordi Aguilera, que representa a los vecinos, presentó una instancia en junio en los cinco distritos afectados (Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Ciutat Vella, Les Corts y Sants-Montjuïc) reclamando los expedientes de obras. Esta acción se suma a una denuncia anónima previa recibida por el consistorio en marzo de 2024 que ya alertaba de múltiples irregularidades, incluyendo la ocultación de amianto y el acoso a residentes.
“"Si se hubieran pedido todas las licencias, se habría puesto de manifiesto que se trataba de una gran rehabilitación. La manera de evitar caer en este régimen era no explicar toda la verdad de lo que querían hacer realmente."
El Distrito de Sarrià-Sant Gervasi ha sido el único en responder hasta ahora. En Amigó 26, el Ayuntamiento constató en julio obras sin licencia en tres pisos y ordenó la suspensión inmediata hasta su regularización. En Balmes 335, el primer bloque adquirido por Vandor en 2019, los inspectores detectaron la reconversión de una vivienda en local común sin permiso, dictaminando el derribo de las obras y avisando de multas coercitivas de 300 a 3.000 euros.
“"Primero intentó desmantelar la medida del 30% y viendo que no podía hacerlo ha optado por otra estrategia, que es no aplicarla y no decir nada."
Vandor se defiende argumentando que sus intervenciones no constituyen "grandes rehabilitaciones" y, por lo tanto, no están sujetas a la reserva del 30%. Fuentes municipales del gobierno de Jaume Collboni aseguran que garantizar la vivienda digna es una prioridad y que las infracciones urbanísticas detectadas se han sancionado debidamente, aunque reconocen la dificultad de sistematizar las inspecciones, que dependen de los distritos.
