La empresa se encuentra actualmente ejecutando obras en el recinto del IRTA-CReSA, un laboratorio de alta seguridad del que podría haber salido el virus de la peste porcina africana (PPA). Aunque se desconoce la causa de la fuga, los trabajos de Rogasa se estaban realizando hacía tres meses, y el laboratorio no confirmó si un descuido en la bioseguridad causado por las obras podría ser el origen del brote.
Esta no es la primera vez que la constructora familiar es objeto de polémica por “mala praxis”. Este mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León penalizó a Rogasa con 590.000 euros por las deficiencias detectadas en la entrega del edificio del CIDE en Segovia. La obra, licitada inicialmente en 2018 por casi tres millones de euros, acumuló retrasos y fue rechazada por el Ayuntamiento por no cumplir las condiciones adecuadas.
La vinculación con la trama del 3% es uno de los episodios más sonados de la constructora en Cataluña, marcando su trayectoria durante años.
En el marco de la investigación judicial sobre la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Rogasa y su filial Rehac figuran como adjudicatarias de contratos públicos bajo sospecha. El presidente de la empresa, Juan Luis Romero Gamero, fue detenido en octubre de 2015 en una operación coordinada por la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Pese a la apertura de juicio oral, aún no existe una sentencia firme que condene al empresario o al grupo Rogasa.
Otro proyecto polémico fue el Túnel de Glòries en Barcelona. El contrato se adjudicó a Rogasa y un consorcio de empresas en febrero de 2015, poco antes de las elecciones municipales, durante el mandato del alcalde Xavier Trias (CDC), con un presupuesto de 60 millones de euros. La obra acumuló un sobrecoste del 60% y fue rescindida por el equipo de Ada Colau en abril de 2017, finalizando el proyecto años más tarde, en 2021.
