La medida tiene como objetivo principal poner fin a las grietas legales que permitían a los propietarios esquivar el tope de precios en las zonas tensionadas, que actualmente ya cubren al 90% de la ciudadanía. La propuesta fue aprobada con los votos favorables de los cuatro grupos impulsores, mientras que PP, Vox y Aliança Catalana votaron en contra. Junts votó dividido, rechazando la regulación del alquiler de temporada.

La nueva normativa establece que los contratos temporales (de entre uno y cinco años) tendrán el mismo tope de precios que los de larga duración. Además, para frenar el negocio del coliving o alquiler de habitaciones, la suma del precio de cada habitación no podrá superar el coste máximo del piso entero marcado por el índice de referencia de precios de alquiler.

La aprobación llega tras un cambio de postura del PSC, que hace un año y medio había rechazado una iniciativa similar. Los socialistas, bajo la presión de sus socios de izquierdas, han defendido la necesidad de esta regulación, tal como expresó su líder, Salvador Illa. La aprobación se retrasó un mes debido al recurso presentado por Junts y el PP ante el Consell de Garanties Estatutàries.

Esta regulación es crucial en ciudades como Barcelona, donde el alquiler de temporada se ha disparado. Durante el cuarto trimestre de 2024, el 26,3% de los nuevos arrendamientos firmados en la capital catalana fueron temporales, una tipología que se ha utilizado para la picaresca y el auge de los nómadas digitales, especialmente en barrios como el Eixample.