La reforma, aprobada con los votos del PSC, ERC, Comuns y la CUP, tiene como objetivo eliminar los incentivos económicos que habían disparado el alquiler de temporada y de habitaciones, utilizados para eludir la regulación de precios. Junts votó a favor del cuerpo de la ley, pero en contra de los aspectos principales como el alquiler de temporada y la reserva del 50% de viviendas de protección oficial.
Con la nueva normativa, todos los contratos de alquiler que se formalicen —a excepción de los turísticos, vacacionales o recreativos— quedarán regulados por la misma ley, independientemente de su duración. Esto implica que se aplicará el tope de precios vigente desde marzo de 2024, fijado por el índice de referencia estatal, en el caso de grandes tenedores (cinco propiedades o más) o de pisos que se alquilan por primera vez. Los contratos de temporada por motivos profesionales, laborales o médicos no desaparecen, pero quedan sujetos a las mismas garantías que los de residencia habitual, y su finalidad deberá justificarse y registrarse en el Incasòl.
“"No puede ser que la vivienda, en lugar de un derecho, sea un activo financiero, y si no saco un rendimiento de 3.000 euros al mes ya es una pérdida de dinero."
La modalidad de alquiler de temporada había experimentado un crecimiento muy fuerte, especialmente en Barcelona. Según datos de Idealista, casi la mitad de los alquileres publicados en la capital catalana son ahora de temporada, frente al 28% de hace dos años. En cuanto al alquiler de habitaciones, la ley limita los precios: la suma de las rentas individuales no puede superar el límite fijado por el índice para todo el piso. Esta medida supone un duro golpe al negocio del coliving, que había comprado edificios enteros en barrios como Gràcia o el Eixample para triplicar la renta.
“"La ley despliega medidas para que la vivienda sea un derecho y no una fuente de angustia, ampliando pisos asequibles, protegiendo el parque, y dotando de más garantías."
La reforma también prevé la creación del registro de grandes tenedores, dependiente de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, y la Comisión de Supervisión de Contratos de Arrendamiento de Vivienda para reforzar las inspecciones. Aunque el Sindicat de Llogateres celebra la medida, insiste en la necesidad de sanciones ejemplares. Por su parte, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) advierte que la norma podría generar inseguridad jurídica y ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad, como ya ocurrió con la regulación del alquiler del año 2020.
