La resolución de la jueza de instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Barcelona, Julia Tortosa, se produce después de que el juzgado admitiera la querella presentada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance el pasado mes de septiembre. La causa investiga presuntos delitos de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos contra personas del entorno independentista.
Entre los imputados se encuentran los exdirectores generales de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón (2018-2020) y María Gámez (2020-2023), y la exdirectora del CNI, Paz Esteban. También se ha ordenado comunicar la imputación a los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd (Shalev Hulio, Yuval Somekh) y de Saito Tech Ltd (Candiru), incluyendo a Eren Shorer y Eitan Achlow.
Las identidades e información confidencial de sus proyectos empresariales –extraídas con software espía– fueron filtradas ilegalmente a medios de comunicación.
Los cinco querellantes –Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives– son empresarios y desarrolladores de protocolos de código fuente abierto para votación digital e identidad soberana. Según la querella, el espionaje se dirigió contra ellos por su perfil profesional, alegando las autoridades españolas que el uso potencial de estas herramientas constituía una amenaza a la seguridad nacional.
La investigación documenta ataques con Pegasus y Candiru desde 2019. Uno de los casos más detallados es el de Elies Campo, responsable de crecimiento de Telegram Messenger, quien fue atacado con Candiru antes de viajar a Cataluña en diciembre de 2019. La querella también señala que los dispositivos de su madre, hermana y padre fueron infectados con Pegasus en días consecutivos, sin ser objeto de ninguna investigación judicial.
