Las dos sentencias recientes del TSJC, que avalan la ordenanza actualizada de la ZBE, dejan constancia de cómo entidades como el Gremi de Tallers de Barcelona y la Plataforma de Afectados por las Restricciones Circulatorias utilizan la contaminación de la incineradora de Tersa como argumento clave. Esta planta, ubicada en Sant Adrià de Besòs, quema más de 300.000 toneladas anuales de basura y está siendo investigada penalmente por un presunto delito contra el medio ambiente.
Los recurrentes alegan que la investigación sobre Tersa, empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Barcelona, pone en duda las mediciones de la calidad del aire que justifican la ZBE. El Gremi de Tallers insistió en que las indagaciones se basan en el uso de un supuesto algoritmo no homologado para medir las temperaturas de cremación, lo que podría no estar proporcionando resultados reales a la Administración.
El juez, por su parte, afirma que apelar al caso de Tersa no es un argumento lo suficientemente sólido para dejar sin efecto y cuestionar la ZBE barcelonesa.
Los magistrados del TSJC rechazaron este razonamiento, argumentando que la cuestión de Tersa “no corresponde abordar aquí” y que “excede también de la competencia territorial del consistorio” de Barcelona, ya que la planta se sitúa en Sant Adrià de Besòs. Sin embargo, la compañía Tersa continúa defendiendo que su planta ha cumplido los valores límite de emisiones en todo momento.
