El concepto de "prioridad nacional", defendido por Vox, ha llegado al pleno del Ayuntamiento de Barcelona. La propuesta, que busca dar preferencia a los ciudadanos españoles sobre la población migrante en el acceso a servicios sociales, viviendas de protección oficial o plazas en guarderías, ha sido defendida por el grupo municipal de Vox como una medida de "sentido común". El Partido Popular, a través de su concejal Sonia Devesa, se ha alineado con esta demanda, argumentando que "ha llegado el momento de afrontar el debate con realismo y sin apriorismos ideológicos".

La proposición, que plantea que el acceso a ayudas y subvenciones municipales "se inspire en el principio de prioridad nacional", ha encontrado el rechazo de la mayoría de fuerzas políticas presentes en el consistorio. Junts, PSC, Esquerra y Barcelona en Comú han votado en contra, con argumentos similares. La concejal del gobierno municipal, Raquel Gil (PSC), ha criticado al PP por "comprar determinados discursos" para "asegurar votos" en otros lugares de España, maquillando la propuesta para "sentirse menos culpable".

Desde Vox, su líder municipal, Gonzalo de Oro-Pulido, ha defendido la medida como una forma de apoyar a los "muchos barceloneses" que se encuentran en situaciones precarias, afirmando que "el sistema deje de estar pensado para el que viene de fuera y no aporta". Esta visión ha sido contestada por el resto de grupos. Joan Rodríguez (Junts) ha criticado que se quieran "priorizar unos derechos humanos que son universales". Jess González (BComú) ha acusado a De Oro-Pulido de "señalar a familias migrantes" y "dividir a la clase trabajadora". Eva Baró (ERC) ha denunciado el discurso "perverso y demagógico" de la ultraderecha, mientras que Devesa (PP) ha reconocido que los servicios sociales están "tensionados" y ha pedido "una política migratoria responsable".