La finca de Poble-sec se ha convertido en un nuevo símbolo de la lucha por la vivienda, recibiendo el calificativo de “nueva Casa Orsola” por su resistencia frente a los fondos buitre. El inmueble fue adquirido por la inmobiliaria Urbe Enginova a principios de 2025 con la intención de reformarlo y revalorizarlo, enviando inmediatamente burofax a los inquilinos para notificar la no renovación de los contratos.
La denuncia colectiva, interpuesta el pasado noviembre, ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona. Esta acción sigue el camino abierto por los vecinos de Lavapiés en Madrid, los primeros en conseguir imputar a un fondo buitre por esta tipología penal. La movilización de los inquilinos de Poble-sec comenzó el 17 de septiembre con el objetivo de evitar que las trece familias, incluyendo cinco con contratos de alquiler social, fueran forzadas a abandonar sus domicilios.
El detonante de la denuncia fue la avería del ascensor del edificio el 6 de octubre. Según los afectados, la propiedad tardó 39 días en iniciar la reparación, a pesar de que la empresa de mantenimiento había enviado un presupuesto de 2.000 euros dos días después de la incidencia. Esta falta de respuesta afectó gravemente la movilidad de personas mayores y con dificultades, obligándolas a cancelar visitas médicas y vacunaciones.
Todo esto forma parte de una estrategia deliberada por parte de la inmobiliaria Urbe Enginova para echar a los inquilinos, sustentada en los burofax ya enviados y en la contratación de una empresa vinculada a las desokupaciones para presionar e intimidar a los vecinos.
La demanda también señala la “falta de responsabilidad respecto al mantenimiento de la finca” por parte de la propiedad, incluyendo el abandono de deberes legales como la limpieza y la respuesta a los correos de los vecinos. Los informes médicos que acreditan los problemas de salud derivados de la falta de ascensor han sido incorporados como prueba en la denuncia.
