La huelga, convocada por el sindicato mayoritario CGT tras negociaciones frustradas, busca equiparar los salarios del personal al convenio del Servei Català de la Salut (ICS), ya que actualmente se rigen por el convenio de acción social, con sueldos inferiores. Este centro es el único de Barcelona externalizado bajo estas condiciones.
Los trabajadores del centro han abierto dos vías de negociación: una con la Cruz Roja, gestora del equipamiento, y otra con el Departament de Salut de la Generalitat. El objetivo es que el Gobierno catalán fuerce a la entidad a mejorar los salarios, ya sea aumentando la subvención o cambiando las condiciones de la concesión.
“"No puede ser que la gestión se entregue a dedo. Es una anomalía reconocida por el mismo Departamento y queremos que Antifrau la estudie."
La CGT ha denunciado el caso ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), señalando que la Cruz Roja recibe una subvención directa que supera los 1,3 millones de euros. El sindicato argumenta que se dan todas las condiciones para que el servicio, activo desde hace más de 30 años, se licite públicamente, tal como ocurre con el resto de CAS de Barcelona.
Además de la discriminación salarial, el sindicato también ha criticado el "inmovilismo" de la Cruz Roja y ha denunciado que los gestores del centro no han respetado los servicios mínimos fijados (25% el primer día y 33% posteriormente). Un expediente del Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya certifica que se ha superado el número de personas designadas como servicio mínimo desde el 28 de noviembre de 2025.
