El juicio por la quiebra de la Cooperativa de l'Aldea ha comenzado con un nuevo pacto económico. El auditor Juan Carlos Torres, su empresa BDO y la aseguradora Mapfre pagarán 880.000 euros para evitar ser acusados. Este acuerdo ha llevado a la absolución de estos y del exdirector de la sección de crédito, Enric Sabaté, por decisión de la magistrada de la Audiencia de Tarragona. La Plataforma de Afectados ha anunciado su retirada del procedimiento, dejando la acusación penal en manos de la Cooperativa y la Fiscalía.
La consignación incluye 753.089 euros a la Cooperativa y 126.911 euros a siete afectados. Este pacto sigue la estela del cerrado el pasado 24 de abril con Caixabank, que pagó 3 millones de euros para exonerar a los exresponsables de la oficina de Bankia en Amposta, Antonio Fornós y Manuela Buera. La auditora BDO ha optado por la negociación para evitar el juicio oral.
El abogado de la acusación particular, en representación de la Cooperativa de l'Aldea, ha confirmado la retirada de los cargos contra Torres, BDO y Mapfre. El abogado de la Plataforma de Afectados, Alberto Venegas, también ha anunciado la retirada de la acusación contra el exdirector de la sección de crédito, Enric Sabaté, quien ha consignado 12.500 euros para su exclusión. La Plataforma de Afectados ha aceptado las compensaciones económicas, declarando que los afectados han recuperado el 100% de sus cantidades.
El fiscal del caso, Xavier Jou, se ha adherido a los acuerdos, reclamando al mismo tiempo que se tenga en cuenta la "vulneración de derechos fundamentales" por la duración del proceso, que se investiga desde hace catorce años. El alcalde de l'Aldea, Xavier Royo, ha valorado positivamente el inicio del juicio, destacando la recuperación de ahorros por parte de los afectados y esperando que la justicia reparta responsabilidades.
La lista de acusados se ha reducido de once a cuatro. El principal acusado es Daniel Ferré, el exgerente, para quien la Fiscalía pide catorce años y medio de prisión por delitos como falsedad contable y administración desleal, reclamando una responsabilidad civil de 1,64 millones de euros. Su defensa alega vulneración de derechos fundamentales y pide excluir ciertas pruebas.
Las defensas de los proveedores Xavier y David Casas, así como de la antigua proveedora Maria Teresa Melquíades Jiménez, han pedido la prescripción de las facturas. Las magistradas resolverán las peticiones de las defensas restantes por auto escrito.
