La crisis inmobiliaria en Andorra tiene un impacto directo en los municipios catalanes vecinos, como los del Alt Urgell y la Cerdanya. Estas zonas han experimentado un aumento demográfico notable desde 2021, principalmente debido a la llegada de residentes extranjeros que buscan alternativas más asequibles ante el encarecimiento del mercado en el Principado.

Los datos más recientes confirman esta tendencia en localidades como la Seu d’Urgell, Montferrer, Puigcerdà y Organyà. Este crecimiento coincide con la escalada de precios del alquiler y la compra de vivienda en Andorra, que ha forzado la expulsión de trabajadores y familias con rentas medias.

En la Seu d’Urgell, la población ha aumentado un 23,9% desde 2021, alcanzando los 13.009 habitantes. La ciudad ha registrado un incremento del 44,8% de población extranjera, que ya supone el 28% del total. El perfil mayoritario de los nuevos residentes son personas de entre 45 y 64 años (29,3%) y de 30 a 44 años (23,2%), muchos de ellos trabajadores vinculados a Andorra pero residentes en el Alt Urgell por motivos económicos. Los hogares unipersonales representan el 38,8% y las compraventas han crecido un 25,2%.

En Montferrer, el municipio ha crecido un 7,4% desde 2021, alcanzando los 1.161 habitantes. La población extranjera ha aumentado un 43,1% desde 2023, y las ventas de viviendas se han incrementado un 31,6% en los últimos tres años.

En la Cerdanya, Puigcerdà ha superado los 10.000 habitantes, con un crecimiento del 14,1% desde 2021. La población extranjera representa el 39% del total, con un perfil más joven y familiar. Sin embargo, las compraventas han bajado un 4,5%, sugiriendo una menor disponibilidad de vivienda.

Organyà también muestra un crecimiento acelerado, con un aumento del 12% desde 2021, alcanzando los 853 habitantes. La población extranjera ha crecido un 65%, principalmente de origen sudamericano, y las ventas de viviendas se han disparado un 160% en el último año.

Este fenómeno de crecimiento en los territorios catalanes fronterizos se produce en un contexto de tensión inmobiliaria persistente en Andorra, donde los precios de alquiler y compra continúan marcando máximos históricos. La reducida oferta y el aumento de precios afectan a estas poblaciones, a pesar de las medidas implementadas para ofrecer alquileres asequibles y aumentar el parque de vivienda pública.