El Gobierno de Jaume Collboni ha formalizado el acuerdo con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para desarrollar una nueva metodología que permita establecer categorías fiscales actualizadas para las calles de Barcelona. El objetivo es disponer de una “base sólida” por si en un futuro se decide aplicar cambios en tributos como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o diferentes tasas por el aprovechamiento del dominio público.
La actual clasificación fiscal, que determina la jerarquía de las calles en función de criterios urbanísticos y socioeconómicos, data de diciembre de 1991, cuando el alcalde era Pasqual Maragall. El consistorio considera que ha quedado obsoleta debido a los cambios económicos, sociales y urbanísticos que se han producido en los últimos 30 años, incluyendo la revisión catastral de 2017.
El convenio no tiene por objeto la aplicación directa de cambios fiscales, ni comporta incrementos automáticos de presión fiscal, sino solo la definición de una metodología actualizada, objetiva y verificable.
La nueva metodología multicriterio, que tiene un coste de 126.582 euros asumidos por el Ayuntamiento, incorporará factores como la intensidad y calidad de la actividad económica, el uso del espacio público, los flujos de movilidad peatonal y la centralidad urbana. El proyecto de colaboración con la UPC, que incluye la redacción de las bases metodológicas, se extenderá hasta 2027.
Esta revisión coincide con los trámites finales para la aprobación de las ordenanzas fiscales de 2026. Barcelona en Comú ha condicionado su voto favorable a la puesta en marcha de un plan de regeneración urbana para rehabilitar 6.000 pisos, especialmente en barrios como el Besòs y la Trinitat Vella, un punto que, según la formación, “no se ha movido ni un milímetro” en los últimos meses.
