Esta lentitud administrativa, que puede alcanzar casi un año, no es una cuestión aislada, sino un reflejo de un problema estructural que afecta la dinámica económica de la capital catalana. La situación es similar en el sector de la vivienda, donde las licencias para obra nueva y rehabilitaciones tardan 319 días, y las reformas, 266 días.
El sistema actual se basa en una desconfianza implícita hacia el empresario, quien debe esperar numerosos informes y validaciones antes de poder iniciar su actividad. Durante este período, los comerciantes asumen costes de alquiler y financieros sin generar ingresos, mientras que la administración no se hace responsable de los retrasos. Esta dinámica puede provocar que muchos proyectos no lleguen a abrir o lo hagan en una situación de fragilidad financiera.
Cuando la regulación se convierte en obstáculo sistemático, la ciudad pierde diversidad, identidad y dinamismo.
Esta burocracia prolongada favorece a las grandes empresas con capacidad financiera para soportar meses sin facturar, mientras que penaliza a los pequeños emprendedores. En contraste, otros modelos europeos y anglosajones optan por un sistema de declaración responsable con apertura inmediata e inspección posterior, priorizando la confianza y el control a posteriori.
La consecuencia de esta situación es visible en las calles de Barcelona, con locales vacíos y la desaparición de comercios autóctonos. La ciudad debe decidir si quiere ser un motor de actividad económica o un freno, ya que una tramitación de 340 días para abrir un negocio no es solo un trámite, sino una declaración del modelo de ciudad que se quiere construir.
“"Barcelona debe decidir si quiere ser una ciudad que acompaña o una ciudad que frena."
