La propuesta, aprobada por el Consejo de Ministros, inicia ahora una fase de consultas con las comunidades autónomas y los tribunales superiores de justicia. Esta iniciativa busca reforzar la planta judicial y fiscal catalana y paliar la sobrecarga de los juzgados y tribunales.
Esta medida da continuidad a la ampliación de 91 nuevas unidades judiciales impulsada este año en Cataluña, que se implementarán progresivamente entre finales de 2026 y finales de 2027 para responder a la sobrecarga estructural de varios partidos judiciales.
El Departamento defiende que la modernización de la Administración de Justicia necesita más recursos humanos y materiales, reformas organizativas y una planificación territorial específica.
Una vez recibida la propuesta ministerial, el Departamento coordinará con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la distribución territorial y funcional de las nuevas plazas, para formular ajustes si es necesario, siguiendo el modelo de colaboración institucional aplicado anteriormente.
El incremento de plazas judiciales y fiscales responde a una reivindicación histórica de Cataluña para disponer de una planta judicial adecuada a su población, litigiosidad y actividad económica.
La Generalitat continuará trabajando con el Ministerio, el TSJC, la Fiscalía y otros operadores jurídicos para asegurar que la distribución definitiva de las plazas responda a las necesidades reales del territorio, refuerce los órganos con mayor carga de trabajo y mejore los tiempos de respuesta del Servicio Público de Justicia.
