La longevidad creciente y la baja natalidad están modificando radicalmente el perfil demográfico de Cataluña, donde ya hay más de un millón y medio de personas mayores de 65 años, representando aproximadamente el 20% de la población. Las proyecciones indican que esta proporción podría alcanzar el 30% en el año 2070, con un índice de dependencia que superaría el 50% en el mismo período.

Este escenario plantea la necesidad de transformar las ciudades, repensando el urbanismo, la movilidad, la atención sanitaria y, especialmente, la vivienda. Actualmente, Cataluña dispone de solo unas 3.000 viviendas con servicios para personas mayores, concentrándose más de la mitad en Barcelona. Esta cifra contrasta con el casi 29% de personas mayores de 75 años que viven solas, a menudo en pisos infrautilizados y sin adaptaciones para sus necesidades.

A pesar del déficit, existe una oportunidad significativa, ya que cerca del 80% de las personas mayores de 65 años son propietarias de su vivienda. Esto abre la puerta a modelos de transición hacia viviendas más adecuadas, liberando a su vez pisos para el parque de alquiler asequible. Esta estrategia beneficiaría tanto a los ayuntamientos como al sistema de vivienda y, sobre todo, a las personas mayores, ofreciéndoles espacios de convivencia, autonomía y acceso a servicios comunitarios y sanitarios.

El Plan de 50.000 viviendas del Gobierno de la Generalitat, que busca ampliar el parque público hasta el 2030, representa una oportunidad clave para incluir la construcción de viviendas con servicios asequibles para la tercera edad. La mayoría de las personas mayores desean vivir en su casa y retrasar al máximo la institucionalización, haciendo de esta una prioridad en la agenda pública para garantizar una calidad de vida óptima en la vejez.