El sindicato ha decidido emprender acciones legales después de que los responsables de Interior admitieran que la presencia de los agentes fue un error. Según la representación sindical, esta operación vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de huelga y la libertad sindical de los asistentes.
La representación legal de la CGT ha solicitado el expediente administrativo completo para esclarecer quién ordenó el operativo y bajo qué criterios se justificó la medida en nombre del orden público. Los servicios jurídicos del sindicato han expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta práctica no sea un hecho aislado.
“"La preocupación viene del hecho de que no se ofrecieron explicaciones del porqué de esta operación ni sobre los indicios por los cuales se ordenó."
Paralelamente, el sindicato ha enviado una petición formal a la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra para obtener documentación sobre posibles infiltraciones en reuniones y movilizaciones de la organización durante la última década. Otros sindicatos del sector educativo también estudian sumarse a la vía judicial para denunciar estas prácticas.
