La acción judicial responde a los hechos ocurridos el pasado 6 de mayo en el Instituto Pau Claris de Barcelona, donde dos agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra fueron descubiertas por los asistentes. La representación legal del sindicato sostiene que esta actuación vulneró derechos fundamentales como el derecho de huelga, la libertad sindical y la libertad de expresión.

El recurso solicita formalmente aclaraciones sobre la autoría de la orden de infiltración y las condiciones en las que se llevó a cabo. Además, el sindicato busca determinar si el Departamento de Educación tuvo algún tipo de vinculación o conocimiento previo sobre el operativo policial desplegado en el centro educativo.

Paralelamente, la federación ha requerido a la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra un informe detallado sobre todas las infiltraciones de agentes en reuniones, asambleas y movilizaciones de la CGT durante la última década. Esta petición se enmarca en la voluntad de la organización de esclarecer el alcance de estas prácticas tras las explicaciones oficiales dadas recientemente en el Parlamento de Cataluña.