La organización, que agrupa a una treintena de colectivos, ha señalado que el alcalde Jaume Collboni condenó el desalojo del instituto B9 en Badalona, pero ahora su consistorio actúa de manera similar en la capital catalana. La portavoz de la COSHAC, Marta Espriu, ha recordado que Collboni calificó la operación del ayuntamiento de Xavier Garcia Albiol de 'clasista y racista', y ha insistido en que 'se está reproduciendo lo mismo' en Barcelona.
“"Se está reproduciendo lo mismo en la capital catalana."
Espriu ha destacado la 'casualidad' de que el mismo día del desahucio previsto en el bloque Sant Agustí, en el barrio de Gràcia, un dispositivo de la Guàrdia Urbana desmantelara un asentamiento en el Pont del Treball Digne, en la Sagrera. Además, ha añadido que ha habido 'actuaciones policiales' en Vallcarca y la Zona Franca, exigiendo la paralización inmediata de cualquier proceso de desalojo pendiente.
La portavoz también ha criticado al presidente del Govern, Salvador Illa, por un tuit donde afirmaba que 'no permitirá vulneraciones del derecho a la vivienda en toda Cataluña'. Espriu ha remarcado la contradicción, ya que mientras Illa se mostraba a favor de los vecinos del bloque Sant Agustí, 'su partido' enviaba efectivos para desalojar a unas 200 personas en la Sagrera, sin ofrecerles alternativa residencial.
Según la COSHAC, el operativo en el Pont del Treball Digne se produjo cuatro días después de que el Partido Popular presentara un ruego en el Distrito de Sant Andreu alegando problemas de 'seguridad y salubridad', una situación que recuerda a la de la calle 2 de la Zona Franca. La entidad atribuye estos desalojos a la 'falta de derecho a la vivienda' en Cataluña.
Finalmente, la COSHAC ha alertado sobre otro asentamiento en la Sagrera, con unas 70 personas, que también está 'amenazado' por una actuación 'inminente'. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han confirmado que el pasado lunes se notificó a los residentes la 'declaración de infravivienda', dándoles 48 horas para abandonar el espacio voluntariamente antes de solicitar autorización judicial para el desalojo.
