La resolución de 36 páginas del Comité de Ética, hecha pública la semana pasada, confirma las denuncias de Junts per Barcelona sobre la ilegalidad de la campaña. Esta decisión se suma a la del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), que ya ordenó la retirada de la campaña el pasado noviembre por vulnerar la normativa de comunicación institucional y neutralidad política.
“"Cuando un gobierno utiliza más de un millón de euros de los contribuyentes para hacer propaganda partidista disfrazada de comunicación institucional, no estamos ante un error administrativo. Estamos ante un problema de ética política."
La campaña, con un coste de 1.091.030,90 euros, ha sido criticada por destinar fondos públicos a la promoción de la acción del gobierno socialista, en lugar de mejorar servicios esenciales como la seguridad, los servicios sociales o la ayuda a familias. El Comité de Ética ha identificado riesgos reputacionales y de legalidad económica, trasladando el caso a la Intervención General para supervisar el gasto.
Junts per Barcelona ha celebrado la rigurosidad del Comité de Ética y sus propuestas para prevenir futuros incidentes, incluyendo la revisión de protocolos internos, el refuerzo de la transparencia y la creación de una guía de buenas prácticas. Sin embargo, el partido lamenta que estas medidas lleguen tarde, ya que 'el mal ya está hecho'.
El presidente del grupo municipal de Junts per Barcelona, Jordi Martí Galbis, ha expresado su preocupación por considerar este caso no aislado, sino un patrón de comportamiento del gobierno de Jaume Collboni, que, según él, prioriza la supervivencia política del PSC por encima del bien común.
