La nueva regulación prevé que los hurtos dejen de ser tratados como hechos aislados cuando exista reincidencia, permitiendo penas de hasta tres años de prisión. Los ayuntamientos han solicitado poder personarse como acusación particular y que las policías locales accedan a datos judiciales centralizados.
“"Necesitábamos esta modificación del código penal y el refuerzo de los juzgados para dar herramientas a la labor de los cuerpos de seguridad."
Los municipios insisten en que estas medidas son necesarias para reducir la sensación de inseguridad generada por los vacíos legales actuales en la gestión de la pequeña delincuencia reiterada.
