El Tribunal Supremo fijará una doctrina sobre el margen de actuación de los municipios para regular, mediante el planeamiento urbanístico, la implantación de salones de juego, bingos, casinos y otros establecimientos de apuestas. Esta decisión llega tras admitir a trámite un recurso de casación del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anuló parte de su plan urbanístico por restringir la instalación de nuevas casas de apuestas.
La cuestión llega al máximo tribunal después de años de debate social y político sobre los locales de juego, especialmente en lo referente a su impacto en los jóvenes y el riesgo de adicción. Según datos de 2025 del Plan Nacional sobre Drogas, un 13% de los estudiantes de secundaria españoles ha jugado en línea y un 20,9% de forma presencial, a pesar de la necesidad de ser mayor de edad.
Diversos ayuntamientos catalanes, como Barcelona, L'Hospitalet y El Prat, modificaron sus planes urbanísticos para limitar nuevas aperturas tras la pandemia. La Patronal del Juego Privado de Cataluña (Patrojoc) recurrió estas medidas, y el TSJC les ha dado la razón, considerando que las administraciones locales excedían sus competencias y que la regulación del juego es autonómica.
La admisión del recurso por el Supremo abre un debate de alcance estatal. El tribunal deberá determinar si la autonomía local y las competencias municipales en urbanismo permiten imponer distancias o zonas de exclusión, o si estas restricciones invaden la regulación autonómica del juego.
Fuentes de Patrojoc han expresado sorpresa por la admisión a trámite del Supremo, ya que consideran que la sentencia del caso de Barcelona ya era del mismo tribunal y que el recurso podría tener "poco recorrido". La normativa catalana ya impone restricciones, como una distancia mínima de 1.000 metros entre locales autorizados y la prohibición de instalar salones a menos de 100 metros de centros educativos.
Cataluña limita el número de autorizaciones: 126 salones de juego, 75 salas de bingo y cuatro casinos, además del centro recreativo de Vila-seca y Salou. Según datos de 2025, ya se han concedido todas las licencias de casinos y salones, y 73 de bingos.
El caso de El Prat presenta una paradoja, ya que el municipio no tiene bingos ni casinos, solo un salón de juego en un centro comercial cercano a Cornellà. La patronal considera que los planes municipales "no tienen impacto" pero los recurren para "defender las competencias y evidenciar la demagogia" del sector.
Según un estudio del Departamento de Economía, Cataluña es la octava comunidad con más salas de juego (4,6% del total) y la última en ratio por habitante (2,4 por cada 100.000 personas), muy por debajo de la media española (8,8).
Entre 2015 y 2024, el número de salones, bingos y casinos creció un 13,3% en Cataluña, principalmente por el auge de los bingos. En España, el incremento fue del 43,9%. Cataluña destaca sin embargo por tener el mayor número de máquinas tragaperras en bares (33.611), aunque la cifra ha disminuido recientemente.
